El Constitucional no hará nada para evitar que la Audiencia de Sevilla lleve a Europa el caso de los ERE

El Tribunal Constitucional no tomará ninguna medida que impida que la Audiencia de Sevilla lleve el caso de los ERE de Andalucía hasta Europa. El pleno, tras dos días de deliberaciones, ha decidido no mover ficha y seguir de cerca tanto la posible cuestión prejudicial del tribunal andaluz como la que ya elevó el Tribunal Superior de Madrid en otro asunto. El Constitucional, en cualquier caso, explica en un comunicado que el asunto constituye una “preocupación” al ser “un tema complejo y en evolución”.

La decisión del pleno sigue la estela de lo afirmado hace unos días por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, en el Ateneo de Madrid. El magistrado rechazó que este debate fuera a desembocar en algún tipo de movimiento del tribunal para interceptar la posible cuestión prejudicial que estudia en estas semanas la Audiencia de Sevilla para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si está obligada a cumplir las sentencias del Constitucional que rebajaron la mayor parte de las condenas de los ERE de Andalucía.

Los miembros del tribunal de garantías analizaban desde hace semanas dos movimientos recientes de dos tribunales territoriales con un objetivo: preguntar a Europa si podían soslayar las sentencias del Constitucional, no ejecutarlas y plantear sus propios reparos a los tribunales internacionales. El primero en hacerlo fue el Tribunal Superior de Madrid, que en un pleito relacionado con un conflicto entre empresas VTC elevó una cuestión prejudicial a Luxemburgo para preguntar si la sentencia del Constitucional sobre el caso era compatible con el derecho comunitario.

El segundo tribunal, que por el momento ha consultado a las partes si debe hacer un movimiento similar a instancias del PP, es la Audiencia Provincial de Sevilla. Sobre la mesa está la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta qué punto las decisiones del Constitucional, que redujeron a la mínima expresión las condenas de los líderes socialistas andaluces y llevaron a la excarcelación de muchos de ellos.

La iniciativa de ambos tribunales territoriales fue recibida con preocupación en sectores del Constitucional que consideraban “inédito” que pretendieran acudir a Europa para incumplir, en la práctica, sentencias del tribunal de garantías. Todo tras semanas turbulentas en su relación con el Tribunal Supremo, que en varios autos también relacionados tangencialmente con el caso de los ERE había incluso deslizado la posibilidad de poder encausar a los magistrados del Constitucional por prevaricación.

El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, encargó varios informes a los letrados del Constitucional, que informaron en contra de la posibilidad de interceptar de alguna manera esas cuestiones prejudiciales e intervenir en el proceso fuera de los cauces reglamentarios. Fue el propio magistrado el que descartó la posibilidad de ir más allá de una mera deliberación hace unos días en el Ateneo de Madrid.

“No hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión, es novedosa porque en 40 años de pertenencia a la Unión Europea las cuestiones prejudiciales se han presentado antes de dictar la primera sentencia, pero no se había planteado nunca como recurso secundario al final del procedimiento”, explicó entonces.